Greenpeace cuestiona REDD

Carlos Herrera * CP. Para Greenpeace México, el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD), que el gobierno de Chiapas aplica en la Selva Lacandona desde hace dos años, ha tenido un impacto negativo, ha causado preocupación, división y conflictos en comunidades de la Selva Lacandona, pero tampoco ha servido para lo que fue creado y se está implementando con una actitud paternalista. 

En conferencia de prensa, Paloma Neumann, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace México, dijo que "el tema que nos tiene aquí es la discusión a nivel internacional de un esquema de financiamiento conocido como Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD), cuyo objetivo principal es que los países desarrollados provean financiamiento a los países en desarrollo para que frenen y detengan la deforestación, y así se reduzcan las emisiones". 

Explicó que en México, como en otros países, esta estrategia aún no está terminada, sigue a discusión y revisión, pero hay otros actores interesados en presionar para la implementación de esquemas a nivel subnacional y adelantarse un poco a esta construcción a nivel nacional; entre ellos está el Grupo de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima, el cual se reúne esta semana en San Cristóbal, y está conformado por un equipo de funcionarios de gobiernos estatales de diferentes países, entre ellos México, Estados Unidos, Brasil, Perú, Indonesia y Nigeria.

 Dijo que el gobernador Juan Sabines está involucrado por México y desde el 2010 ha estado participando; para involucrarse desarrolló un proyecto llamado por ellos REDD en la Comunidad Lacandona.

 "Este grupo de gobiernos estatales ha estado presionando mucho para que se implemente este tipo de enfoques, subnacionales y de compensación, y por esta razón la coyuntura de la reunión de este equipo en San Cristóbal de Las Casas; nosotros decidimos también investigar qué estaba pasando en el proyecto del gobernador Sabines en la Lacandona que se ha planteado con este enfoque", señaló. "Encontramos que en la Lacandona, la gente involucrada con este proyecto no tiene información suficiente y adecuada para saber realmente en qué está involucrada, lo único que saben es que firmaron un pacto con el gobernador del estado para cuidar la selva, pero no hay ninguna claridad sobre qué tipo de actividades deben hacer, qué obligaciones les significa esto, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, no hay una claridad en cuanto a la superficie en la que se está efectuando", aseguró. 

Además también "encontramos zonas donde la gente sigue haciendo su uso tradicional de suelo, no ha tenido ninguna oportunidad de discutir cómo hacer esto en el marco de un esquema de REDD, si eso le significa hacer un cambio en el uso de tierra o no, dónde y en qué regiones deben conservar, qué territorios hay que aprovechar; asimismo hay problemas en el sentido de que no ha habido una claridad y una construcción conjunta con la comunidad para saber cómo se reciben los beneficios".

Informó que el pacto que la Comunidad Lacandona firmó con el Gobierno de Chiapas "dice que cada comunero recibirá dos mil pesos al mes (son mil 678 comuneros), esto además se renueva cada año, lo que contradice el requisito de permanencia de cualquier proyecto de REDD, no hay una seguridad o claridad de que este dinero vaya a seguir fluyendo"; los comuneros han recibido dos mil pesos al mes desde el 2011, son dos años, pero "no existe información que indique que se está recibiendo financiamiento externo, son recursos del Gobierno del estado de Chiapas, no son fondos federales tampoco, porque para el Gobierno Federal éste no es oficialmente un proyecto de REDD".

Mencionó que como cada comunero tiene familias grandes y dentro de estas familias hay hombres y mujeres en edad para trabajar, "todo eso está generando una sensación de inequidad y de injusticia porque sólo los abuelos, los comuneros, reciben este dinero (los dos mil pesos), cuando muchos adultos quieren participar, o al menos saber por qué ellos no lo reciben, ni siquiera les han consultado".

"Al mismo tiempo nos encontramos con autoridades que nos comentaron que se comprometió el Gobierno del Estado a conseguir más fondos tanto a nivel nacional como internacional para seguirles dando este pago y eso no ha ocurrido, y por lo tanto ellos están pensando en pedir que se revise este acuerdo y las condiciones del acuerdo y cuánto dinero se les está pagando mensualmente", puntualizó. Dijo que durante esta investigación realizada por Greenpeace encontraron una serie de fallas que contradicen el sentido mismo de la implementación de un proyecto de REDD, "por esta razón y porque el Gobierno de Chiapas no está cumpliendo con los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas, dicho por el mismo Instituto Federal de Acceso a la Información, creemos que el caso de REDD de la Lacandona, no puede constituir un ejemplo de lo que debe ser un proyecto de REDD". Sostuvo que cualquier proyecto de REDD debe asegurar que está reduciendo emisiones, si no, no tiene sentido, pero no hay información pública al respecto, "incluso la hemos pedido a los funcionarios, sobre cómo se está monitoreando o cómo se está midiendo esta reducción de emisiones, y al hablar con la gente de las comunidades ellos tampoco saben, no existe ninguna institución o persona que esté haciendo un monitoreo, si está realmente reduciendo emisiones o capturando carbono." "Algo muy importante que no he mencionando, es que nos parece una irresponsabilidad y un riesgo incluso para los inversionistas el haber tomado la decisión de implementar un proyecto de REDD en una región donde se sabe que continúan habiendo problemas sobre la tenencia de la tierra y derechos de la gente que vive en la región, eso genera dudas e incertidumbre sobre cuál es la superficie donde se está implementando el proyecto, por la razón de que hay zonas donde se sigue moviendo el perímetro de la Comunidad Lacandona; en las declaraciones y documentos del gobierno se dice que el proyecto se está implementando en una superficie de 600 mil hectáreas, luego de 484 mil hectáreas, no es toda la región Selva Lacandona, sino la Comunidad Lacandona", subrayó. "Sabemos que está generando preocupación en comunidades aledañas a la Comunidad Lacandona, por el tema de que no ha habido una intención abierta de resolver el tema de la tenencia de la tierra en la región, no ha habido una experiencia de resolverlo justa, adecuada, abierta, para resolver las necesidades y preocupaciones de todas las personas que viven en la región", agregó.

"La otra cosa que también podríamos decir y un poco como dándole continuidad en lo que hemos estado trabajando en el país, es que recibir un pago por conservar la Selva sin una serie de actividades definidas, sin intención de plantear un esquema de manejo con la comunidad desde el inicio, lo que genera es una continuidad de estos programas asistencialistas, paternalistas, que no ayudan a generar capacidades ni construcción local, lo único que impulsa es una dependencia pasiva de un pago que nunca se sabe cuánto tiempo va a continuar, eso también es darle continuidad incluso a una pérdida de conocimiento de cómo usar la Selva, generas como un uso pasivo", concluyó.